El CGPJ estudia hoy, siete meses después de que Sylvina Bassani fuera asesinada por su ex marido, la forma de reforzar el juzgado que debía protegerla | La sobrecarga del juzgado número 5 de Torrejón se conocía desde 2006.
El 10 de abril, el guardia civil Javier Lacasa Cebolledo, de 34 años, llamó a la puerta de su ex mujer, una argentina llamada Sylvina Bassani. Cuando el hombre que vivía con ella abrió la puerta, Lacasa le descerrajó cinco disparos. Después fue a por ella, y la mató. Tras el doble crímen, acabó con su propia vida. Una carnicería que su hijo de cuatro años, que estaba delante, difícilmente podrá olvidar.
Sylvina había denunciado a su marido muchas veces. Llevaba dos años peleando con los juzgados que ni siquiera le habían reconocido como maltratador. El juzgado número 5 de Torrejón de Ardoz tardó meses en contestar sus peticiones. Cuando el abogado de la mujer recibió la respuesta, ella llevaba seis días muerta.
Parece un aparatoso reloj digital de plástico negro, como aquellos de los 80, pero sin pantalla. En realidad es un transmisor. Si un maltratador lo lleva puesto y se acerca a su víctima más de lo que la Justicia le permite, ella escuchará una alarma y otra sonará en la Policía, que los tiene localizados a ambos por GPS. La ley contra la violencia de género, aprobada en 2004, permite el control de los maltratadores condenados mediante estos dispositivos electrónicos. Pero tres años después de su entrada en vigor, sólo 68 agresores llevan uno en España.
Cuando el móvil suena de madrugada su señora, medio dormida, bromea con él. “Es una de tus mujeres”, le dice. Y siempre acierta. Él es inspector de policía y su número está el primero en la agenda de 15 víctimas de malos tratos. Sabe sus nombres, cuántos hijos tienen, dónde viven. Sabe que tienen miedo. Pero lo que nunca sabe es cuándo llamarán. Y duerme pegado al teléfono. Por si acaso.
