El CGPJ estudia hoy, siete meses después de que Sylvina Bassani fuera asesinada por su ex marido, la forma de reforzar el juzgado que debía protegerla | La sobrecarga del juzgado número 5 de Torrejón se conocía desde 2006.
El 10 de abril, el guardia civil Javier Lacasa Cebolledo, de 34 años, llamó a la puerta de su ex mujer, una argentina llamada Sylvina Bassani. Cuando el hombre que vivía con ella abrió la puerta, Lacasa le descerrajó cinco disparos. Después fue a por ella, y la mató. Tras el doble crímen, acabó con su propia vida. Una carnicería que su hijo de cuatro años, que estaba delante, difícilmente podrá olvidar.
Sylvina había denunciado a su marido muchas veces. Llevaba dos años peleando con los juzgados que ni siquiera le habían reconocido como maltratador. El juzgado número 5 de Torrejón de Ardoz tardó meses en contestar sus peticiones. Cuando el abogado de la mujer recibió la respuesta, ella llevaba seis días muerta.
Lo más triste es que se podía prever. “Los asuntos de violencia de género del juzgado 5 de Torrejón de Ardoz sufren tan notable retraso que causa verdadera inquietud”. Lo advirtió su titular, Gemma Susana Fernandez Díez, en varias ocasiones. El Consejo General del Poder Judicial lo comprobó en verano de 2007. El Ministerio de Justicia estaba al corriente y la Comunidad de Madrid, encargada del personal, también había sido informada. Todos sabían que el juzgado que debía proteger a Sylvina Bassani, no funciona. Sólo en los casos penales, el juzgado acarreaba ya en 2006 el doble de trabajo del que le correspondía. En 2007 la situación no hizo más que agravarse. Su carga de trabajo era ya un 146% superior a la que podía soportar.
El juzgado número 5 de Torrejón tiene 609 casos de maltrato vivos. Su titular desde el pasado mes de marzo, la jueza Gemma Poveda, ha seguido pidiendo refuerzos urgentes. Siete meses después de muerta Sylvina Bassari, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará este martes cómo reforzar el juzgado.
La propuesta del presidente de la comisión de Modernización, Fernando De Rosa, es adscribir permanentemente a la juez sustituta María del Carmen de la Rocha para que ayude a Poveda actualizar los casos. Además, se pide al Ministerio de Justicia un secretario judicial sustituto y a la Comunidad de Madrid que renueve a los cinco funcionarios interinos del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y uno del Cuerpo de Auxilio Judicial, por seis meses, informa Europa Press.
De momento, la petición ha recibido el informe favorable de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del Servicio de Inspección del CGPJ.
Demasiadas competencias
El juzgado número 5 de Torrejón de Ardoz soporta un volúmen de trabajo desmedido desde que asumió las competencias de violencia de género. Según la última estadística judicial cerrada el pasado 30 de junio, este juzgado tiene 1.341 asuntos vivos, de los cuales 609 corresponden a violencia de género (dos sumarios, un jurado, 331 diligencias previas y 275 procedimientos abreviados). El resto (732) son asuntos penales de otro tipo.
El número 5 de Torrejón de Ardoz es uno de los 375 juzgados españoles que, además de tramitar asuntos civiles y/o penales se encargan de la violencia contra la mujer. Y en esa situación de múltiples competencias se encuentran el 80% de los tribunales que se encargan de los casos de violencia doméstica en España. Sólo 84 juzgados (el ñúltimo de ellos creado en junio en Baracaldo) se ocupan en exclusiva de los malos tratos. en diciembre como muy tarde deberían entrar en funcionamiento ocho más, que ya están ya aprobados, según fuentes del Consejo.
Pero, según constató ya el CGPJ a finales de 2006, tratar de llevar los asuntos de violencia doméstica y a la vez el resto (civiles, penales o ambos) de los que corresponden a un juzgado es “incompatible”. Por eso sus inspectores reclamaron que se revisaran las normas por las que se reparten las causas entre los juzgados. EL CGPJ, tras su visita a Torrejón, recomendó específicamente que se estudiara una nueva exención de reparto de casos en este tribunal.
Sin embargo cuando la anterior jueza de Torrejón, Gemma Fernández, pidió a que se la eximiera del reparto de ciertos casos, la junta de jueces denegó su pretensión. Y acudió al CGPJ que, pese a haber constatado por escrito en sus informes que era la solución adecuada, también rechazó su petición.
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Publicado en ADN.es
