Las prácticas con las que tratan de captar clientes son delito en EEUU y atentan contra las normas españolas | El Consejo de la Abogacía estudiará hoy las medidas que puede tomar contra ellos y contra sus socios españoles | Hay intermediarios que “están bombardeando” a los familiares para que firmen contratos en inglés que luego venden.
Son abogados, pero en Estados Unidos les llaman persigueambulancias. Cuando se estrelló el avión de Spanair pusieron la vista en Barajas. Y desde hace un par de semanas no han parado. Llaman por teléfono o directamente a la puerta de los familiares de las víctimas. Les ponen en la mano ininteligibles contratos en inglés mientras les prometen indemnizaciones llenas de ceros si los firman. Organizan ruedas de prensa en las que, sin ningún tipo de tacto, proclaman que, gracias a su experiencia en siniestros aéreos, “personas normales”, como los doloridos familiares que les escuchan, “se han convertido en millonarias”. Si actuasen así en su país, estarían detenidos.
En Estados Unidos, si un abogado se pone en contacto con las víctimas de un accidente aéreo o sus familias antes de que transcurran 45 días desde que ocurrió el siniestro está cometiendo un delito, que se persigue desde 1996. En España, aunque no existe una legislación tan precisa al respecto, está prohibido “dirigirse por sí o mediante terceros a víctimas de accidentes o desgracias que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse en ese momento sufriendo una reciente desgracia personal o colectiva”, dice el código deontológico del Consejo General de la Abogacía.
Por eso, la comisión permanente del Consejo estudiará hoy las medidas legales que puede tomar contra los bufetes que tratan de captar clientes entre los familiares de los pasajeros del vuelo JK5022 de Spanair. De momento, cinco firmas les han ofrecido sus servicios. La primera fue Ribbeck Law, que interpuso una demanda contra Boeing,en nombre de tres familias. Después Arthur Ballen uno de los socios del bufete de abogados estadounidense Podhurst Orseck, prometió un millón de dólares a quienes pleiteen con su firma. Pero entre todos aun no han conseguido ni una decena de clientes y algunos de los familiares ya han denunciado que estos despachos traten de “utilizar su dolor” convocando ruedas de prensa en las que le ponen precio.
Posibles irregularidades de los colaboradores españoles
Pero algunos despachos españoles, como Fernando Scornik Gernstein en el caso de Podhurst, organizan también reuniones para captar clientes para sus socios en Estados Unidos. Por eso, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha requerido a los despachos americanos para “que informen qué abogados están asesorándoles en España o en Europa y cuáles son las actuaciones que hasta este momento han llevado a cabo” para evitar que cometan irregularidades.
El vicepresidente del Consejo y presidente del Colegio Canario de Abogados, Joaquín Espinosa, aseguró ayer que los abogados que están asesorando a las víctimas “no están autorizados” a remitirlos a los bufetes norteamericanos ya que no tienen convalidada en España su condición de letrados, informa Europa Press. Por ese motivo están estudiando también si abren diligencias previas para sancionar a las firmas españolas. El Consejo Canario y el CGAE adoptarán “una decisión conjunta”sobre este asunto.
Los falsos intermediarios
Los abogados no son los únicos que están tratando de sacar tajada (el porcentaje de comisión que se llevan sobre la posible indemnización ronda el 30%). Hay familias que han recibido una colección de memorandos y carátulas de propaganda de un mismo despacho que les entregan supuestos abogados que ni siquiera se conocen entre ellos. “Son los intermediarios”, explica Manuel Temboury, el letrado que representó a 12 de las 21 víctimas del accidente aéreo de Málaga en el año 2001. Estos individuos no son abogados sino agentes de otras firmas o independientes “que están bombardeando a las familias. Intentan que firmen un contrato, la mayoría de las veces en inglés, que luego venden a un despacho americano por un porcentaje muy elevado”.
Por ese motivo, Temboury recomienda a los familiares que “se asesoren bien”. Los bufetes americanos van a pleitear contra Boeing y otros fabricantes en Estados Unidos, en un proceso civil cuya indemnización puede ser mucho más alta que en España, donde las cantidades están limitadas. Pero para ver ese dinero tienen que ganar. “Y no se puede pedir una indemnización en España y a la vez en Estados Unidos”, aunque en España por ejemplo se pleiteara contra Spanair y no contra Boeing”, advierte Temboury.”No sólo perderán ese derecho en España sino que seguir el caso les va a resultar muy difícil”.
Los “consejos” de Soria y Zapatero
Hace unos días el vicepresidente del gobierno canario, José Manuel Soria, sugirió a las familias que tuvieran “ciertas cautelas con los ofrecimientos” de bufetes de Estados Unidos, pero sin explicar porqué.
Sin embargo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó ayer que los ciudadanos tienen derecho a la asistencia legal que “crean conveniente”, aunque admitió que el deber del Gobierno es informar de manera directa sobre las condiciones que se pueden dar en el transcurso del proceso. Algo que aun ni el gobierno de Canarias ni el Ejecutivo central han hecho.
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Publicado en ADN.es
