Las principales asociaciones que los agrupan piden medios modernos como los de Hacieda | Exigen respeto a los políticos para que el CGPJ pueda depurar responsabilidades sin interferencias.
Los ciudadanos lo saben y los jueces lo sufren. Existe “un grave riesgo de error y retraso en la tramitación de los asuntos judiciales” y eso hace necesario acometer una “auténtica” reforma de la justicia. No lo dicen afectados con causas pendientes, sino los propios jueces, en un comunicado conjunto de sus principales asociaciones: Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.
Lo más grave no son los errores judiciales concretos que se hayan podido cometer en el caso de Mari Luz Cortés, sino que el sistema propicie su repetición. Por eso la modernización de la Justicia es, para los encargados de impartirla, la “verdadera asignatura pendiente” de la democracia española, ya que son muchos los órganos judiciales que están sometidos a una carga de trabajo “extraordinaria”. En muchos juzgados existe “una patente falta de personal” y la cobertura de plazas vacantes es “irregular, tardía” y atendida con personal “no cualificado”.
Si es para recaudar impuestos, el Estado tiene permanentemente localizado a cualquier ciudadano en todo momento. Pero, como se ha demostrado a raiz de Mari Luz, la policía y los jueces no tienen manera efectiva de cruzar sus datos ni de tener localizados a delincuentes convictos. Por eso, los jueces consideran “imprescindible” que se les proporcionen medios materiales modernos, especialmente informáticos, tal y como ya existen en otros ámbitos de la Administración, por ejemplo en la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Las asociaciones de jueces no exculpan a sus miembros. Recuerdan, por el contrario, que los jueces y magistrados españoles están sujetos a un régimen de responsabilidad penal, civil y disciplinario “debidamente regulado” en las leyes y que deriva del principio de la responsabilidad, uno de los elementos fundamentales del Estatuto del Juez.
El Consejo General del Poder Judicial, explican, tiene encomendadas las funciones relativas al régimen disciplinario de Jueces y Magistrados y por tanto le corresponde adoptar las decisiones adecuadas en esta materia, que deben ser “enteramente” respetadas “sin interferencia alguna”.
Separación de poderes
“Ese mismo respeto a la actuación del CGPJ debería exigirse a los representantes políticos”, agrega el comunicado, después de que el ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, declarara hace unos días lo que debía y no debía hacer el poder judicial: El órgano de gobierno de los jueces ya “se ha olvidado de cortinas de humo, de cadenas perpetuas y registros y, por fin, se ha centrado en lo que hay que centrarse“, dijo el ministro cuando el CGPJ anunció que investigaría al juez Rafael Tirado, el juez de Sevilla que no ordenó el ingreso en prisión en su día del presunto asesino de Mari Luz Cortés.
Los jueces apelan ahora a la “responsabilidad” de los políticos para “evitar imputaciones precipitadas de culpabilidad y permitir que la depuración de responsabilidades, en su caso, se desarrolle a través del procedimiento oportuno y con todas las garantías”.
El CGPJ abrió ayer expediente por una falta muy grave de desatención a Rafael Tirado y pidió que se investigue a los funcionarios que intervinieron en la causa.
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Publicado en ADN.es
